Colombia acoge los postulados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Constitución Política de 1991, para garantizar la protección integral de sus derechos lo que se constituye en imperativo jurídico, donde el Estado asegura el ejercicio y garantía de los mismos, la seguridad de su protección en caso de vulneración, el restablecimiento en caso de violación y la definición de políticas públicas que los garanticen.
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